El retail de alimentación ya tiene una fecha marcada en rojo. El próximo 3 de abril de 2026 entran en vigor las obligaciones del artículo 6 de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta norma obligará a supermercados, distribuidores, industria y canal Horeca? a revisar cómo compran, cómo planifican, cómo gestionan el stock y qué hacen con los productos que no llegan a venderse.
La novedad está, sobre todo, en el salto que exige dentro de la operativa diaria. El desperdicio deja de ser un asunto que muchas compañías trataban desde sostenibilidad o responsabilidad corporativa. Ahora pasa a entrar de lleno en la gestión del negocio, en la previsión de demanda, en la reposición y en la salida ordenada del excedente.
La adaptación exige ordenar procesos, medir mejor dónde se genera el excedente y dejar por escrito qué salida se da a cada producto.
¿A qué obliga la nueva ley?
La ley establece una jerarquía de prioridades para prevenir y gestionar el excedente alimentario. La primera obligación es evitar que ese excedente aparezca. Eso implica afinar compras, ajustar producción, revisar surtido y acompasar mejor la gestión del stock a la demanda real. Cuando el excedente no puede evitarse, la prioridad pasa a ser la donación para consumo humano. Después vienen la alimentación animal, el uso como subproducto en otras industrias y, ya como última opción, el reciclado orgánico o la valorización energética.
Además, las empresas deberán contar con un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Ese plan debe recoger las medidas adoptadas, la jerarquía aplicada y los mecanismos de seguimiento.
La norma también obliga a promover acuerdos o convenios de colaboración con entidades sociales para donar alimentos aptos para el consumo humano. La excepción son aquellos casos en los que resulte inviable y pueda justificarse.
Hay otro punto importante para el retail alimentario. La ley considera nulas las cláusulas contractuales que limiten la donación de alimentos. Es decir, la donación gana peso legal y deja menos margen a bloqueos internos o comerciales que hasta ahora podían complicar esa salida.
También conviene fijarse en las excepciones. El Ministerio de Agricultura señala que quedan fuera de la obligación de contar con plan de prevención y acuerdo de donación las microempresas, las pequeñas explotaciones agrarias y los establecimientos de hasta 1.300 metros cuadrados. La salvedad es que ese umbral se supere de forma conjunta bajo un mismo CIF. Para buena parte de las grandes cadenas, por tanto, la ley sí tendrá un impacto directo.
El gran cambio: la operativa del supermercado
La ley se presenta como una norma antidesperdicio, pero en la práctica obliga a revisar muchas piezas del engranaje retail:
- Afecta a la previsión de demanda, porque comprar de más o reponer mal tendrá un coste más visible.
- Afecta a las promociones, porque algunos productos necesitarán rebajas de última hora antes de perder salida comercial.
- Afecta a la logística, porque donar exige tiempos, conservación, recogida y trazabilidad.
- Afecta al dato, porque sin indicadores será difícil demostrar que la compañía está aplicando de verdad la jerarquía que marca la ley.
Ante este esenario, Phenix, especializada en gestión de excedentes alimentarios, ha hecho públicas una serie de recomendaciones. La compañía plantea arrancar con un diagnóstico inicial para detectar dónde se generan las pérdidas, fijar objetivos medibles, digitalizar procesos, asignar una persona responsable y hacer seguimiento continuo de los indicadores.
Éste será, en muchos casos, el punto de partida para llegar a abril con una operativa más ordenada y más fácil de auditar. Además, Phenix habla de este cambio como una oportunidad para mejorar la eficiencia y dar más trazabilidad a la gestión del excedente.
Los retailers mejor colocados
Algunas cadenas ya llevan tiempo trabajando en esa dirección y lo hacen con una mezcla de estrategias que ahora cobran aún más sentido.
Por ejemplo, Aldi anunció el años pasado que evitó el desperdicio de más de 9.264 toneladas de alimentos en 2024 gracias a donaciones y descuentos en productos con fecha próxima. Según la compañía, más de 3.800 toneladas se canalizaron mediante donación y más de 5.400 toneladas se evitaron en tienda con rebajas del 30% aplicadas a artículos cercanos a su fecha de consumo preferente o caducidad.
En Eroski, evitaron el desperdicio de 10.750 toneladas de alimentos en el primer semestre de 2025. Lo hicieron con una combinación de venta con descuentos especiales, donación a entidades sociales y mejoras logísticas y de gestión en tienda. Éste es un ejemplo interesante porque muestra justo el tipo de enfoque que ahora exige la ley, actuar antes de que el producto se convierta en residuo.
Carrefour, por su parte, anunció la renovación de su certificación de AENOR en 2025 vinculada a su gestión del desperdicio alimentario cero. Su estrategia incluye optimización de fechas, recuperación de excedentes y comercialización de productos fuera de estándar. Pero, más allá del sello, lo interesante es que el desperdicio se gestiona cada vez más como una cuestión transversal de tienda, surtido, stock y salida del producto.
Menos discurso y más sistema
Esta nueva etapa obliga al retail a pasar de la declaración de intenciones al sistema. Menos mensajes genéricos sobre sostenibilidad y más procesos capaces de decidir, casi en tiempo real, qué producto puede seguir vendiéndose, cuál debe rebajarse, cuál puede transformarse y cuál debe donarse.
Ahí está, seguramente, el verdadero efecto de la ley. Va a cambiar la forma de mirar el excedente. Lo que hasta hace poco podía tratarse como una merma? inevitable, ahora exige planificación, trazabilidad, acuerdos y seguimiento.
Para el retail alimentario, abril de 2026 será una prueba bastante clara de madurez operativa. Las cadenas que lleguen con procesos ordenados tendrán menos margen perdido, más capacidad de reacción y una gestión más fina del stock. Las que no lo hayan hecho todavía, tendrán que acelerar.
