Durante 2025, el sector comercial español vivió un aumento sin precedentes de la legislación que afecta directamente a su actividad, obligando a supermercados, mayoristas y comercios a adaptarse a una realidad normativa en constante cambio.
Según el último informe de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, la patronal que agrupa a las principales cadenas de distribución alimentaria, se aprobaron o modificaron 1.411 normas, lo que equivale a una media de 3,8 nuevas normas cada día para cualquier comercio.
Esta cifra representa el sexto año consecutivo de incremento de la presión normativa, y está muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19, cuando en 2019 se aprobaron o modificaron sólo 476 textos legales.
“El volumen de normas que se publican y que impactan de forma directa en nuestra actividad no deja de crecer, y las intenciones de simplificación legislativa aún no se reflejan en la práctica normativa”, advierte Alberto Peironcely, director de Asuntos Legislativos de Asedas.
Más normativa: ¿de dónde viene?
El informe desglosa la actividad legislativa según su origen:
- Comisión Europea: lidera la producción normativa con 453 normas, un ligero aumento respecto a 2024.
- Administraciones públicas españolas: suman 958 normas, distribuidas entre:
- Comunidades Autónomas: 547 nuevas normas.
- Administración central: 326.
- Ayuntamientos principales: 85.
Este dato refleja que, aunque la legislación europea sigue siendo relevante, las comunidades autónomas y las administraciones locales han incrementado su actividad normativa, generando un panorama aún más complejo para las empresas con operaciones en múltiples territorios.
Ámbitos más regulados
El estudio de Asedas destaca tres grandes áreas en las que se concentra buena parte de la presión normativa: medio ambiente, que representa cerca de un tercio del total de la actividad legislativa e incluye normas sobre eficiencia energética, diseño ecológico o gestión de residuos. También la seguridad alimentaria, que con alrededor de 282 normas, incluye requisitos sobre almacenamiento, conservación, transporte y controles oficiales, así como protección animal.
Por último, la legislación laboral y empresarial, que muestra una alta actividad con textos sobre recursos humanos, seguridad en el trabajo, licencias urbanísticas o incluso inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.
Efectos en el comercio y preocupaciones del sector
Entre las normas de 2025 que más han marcado al sector se encuentran la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela. Todas estas presentan consecuencias directas en operaciones de supermercados y mayoristas, aunque muchas refuerzan estándares que las empresas ya aplicaban, amplían trámites administrativos y costes asociados.
Asedas también destaca la preocupación por nuevas normas laborales en tramitación para 2026, como el registro de tiempos de trabajo sincronizado con la inspección laboral, una posible subida del salario mínimo o permisos retribuidos por cuidado de menores o luto, que podrían generar incertidumbre en las empresas en un contexto económico ya desafiante.
Retos de un marco regulatorio cambiante
La patronal insiste en que la acumulación de normas puede dificultar la planificación estratégica de las empresas, especialmente las PYMEs, que no cuentan con grandes equipos jurídicos o de cumplimiento normativo. La falta de estabilidad en las reglas del juego, según Asedas, restringe la capacidad de invertir, innovar y expandirse con previsibilidad.
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